Google+

jueves, 3 de enero de 2013

La Junta Vecinal de Maliaño se acogerá al asesoramiento del Ayuntamiento para adaptarse a la Ley de Presupuestos y Liquidaciones


La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria ha afectado a la gestión de las Juntas Vecinales, que nunca antes habían debido efectuar una contabilidad pública sino que, dada la escasa cuantía de sus ingresos y gastos, han venido recogiendo sus cuentas en libros de pagos e ingresos. El cambio supone que los Presidentes de Juntas Vecinales deben presentar una contabilidad “profesional” a partir de ahora y hacer lo mismo con los tres ejercicios anteriores. Además, deben hacerlo adaptándose técnicamente a los requerimientos de una plataforma web, la Oficina para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales.

Estos requerimientos han creado desconcierto en las Juntas, que no experimentan ningún problema para rendir cuentas, pero sí para hacerlo del modo técnico y profesionalizado que la ley exige con efecto retroactivo.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha anunciado su decisión de “reforzar el apoyo a una parte de la gestión municipal tan importante como son las Juntas Vecinales asumiendo el coste de las gestiones para adaptar a la nueva ley sus presupuestos y liquidaciones de 2009 a 20012”.

Por ello, el Ayuntamiento de Camargo ha sacado a concurso el contrato para la prestación de los servicios de redacción de presupuestos y de liquidación de las cuentas de las Juntas Vecinales en los ejercicios de 2009 a 2012.

Movellán anunció esta medida en la reunión del Consejo de Juntas Vecinales que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Camargo. Esta medida afecta a las Juntas de Cacicedo, Escobedo, Herrera, Maliaño, Muriedas y Revilla, no a las de Camargo e Igollo, ya que éstas habían adoptado ya acuerdos para la formalización de su contabilidad de acuerdo a las nuevas exigencias.

Una vez adjudicado el contrato, una empresa especializada elaborará la contabilidad de las seis Juntas que se han sumado a esta medida que supone según ha explicado Movellán “un alivio importante dado que presidentes y vocales carecían de conocimientos y de medios técnicos para hacer frente a las necesidades de adaptación a las exigencias de la nueva ley”.

El contrato para la prestación de estos servicios tiene un importe estimado en 9.600 euros más IVA ya que se ha calculado un coste por ejercicio y junta de 400 euros.